Modelo de Prevención de delitos

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Delito contra la Hacienda Pública o de contrabando en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016

LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AEAT INCLUYE UNA NUEVA NORMATIVA QUE POSIBILITA LA PRÁCTICA DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS EN CASOS EN QUE SE HAYA INICIADO PROCEDIMIENTOS PENALES POR DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA O CONTRABANDO

Cada año se aprueba una Resolución de la Dirección General de la AEAT (la última de 26-02-2016, BOE del 23 de febrero) que aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero.

En la de este año destaca la nueva regulación normativa que posibilita la práctica de liquidaciones tributarias en los supuestos en los que se hubiera iniciado la tramitación de un procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública o por delito de contrabando, y que se complementa con la no paralización de las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria y aduanera liquidada.

En 2016, la Agencia Tributaria centrará su atención en los siguientes sectores o tipologías de fraude:

  • Investigación de patrimonios y de rentas en el exterior. La desviación de rentas al exterior así como la ocultación de patrimonios en el exterior, a través de estructuras opacas, obliga a establecer las medidas precisas para prevenir este tipo de conductas, tanto mediante la aplicación de los elementos normativos existentes y el impulso de actuaciones coordinadas de mejora del intercambio de información, en el marco de organismos internacionales, como también mediante la intensificación de las actuaciones de control que la Agencia Tributaria viene desarrollando en este ámbito.
  • La economía sumergida que comprende las actividades que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral.
  • Planificación fiscal internacional. Tributarias, La información relacionada con la fiscalidad internacional adquiere una notable importancia en cuestiones relacionadas con la presencia en paraísos fiscales y con la operativa de los esquemas de tributación internacional.
  • Economía digital. En el marco de una creciente globalización de la economía, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información permite a los distintos agentes de la actividad económica la comunicación en tiempo real, e incluso la adquisición de bienes o servicios a través de la red, que conecta a clientes y proveedores.
  • Prestación de servicios de alto valor. Las actividades profesionales continúan siendo objeto de especial seguimiento partiendo de la información que derive tanto de las fuentes de información tradicionales de la Agencia Tributaria, como de aquélla que pueda obtenerse de terceros.. Fraude organizado en IVA. Respecto a las estructuras organizadas de fraude, se considera de vital importancia dotar de continuidad a la detección y regularización de aquellas operaciones fraudulentas dirigidas a dificultar la exigencia de responsabilidades tributarias a los titulares de las sociedades, si bien con los ajustes y modificaciones que las nuevas operaciones de defraudación van requiriendo
  • Control de productos objeto de Impuestos Especiales y control aduanero.
  • Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. En 2016, la Agencia Tributaria continuará con su labor de prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos con el objetivo no solo de descubrir e interceptar las mercancías sino principalmente de desmantelar logística y financieramente las redes organizadas dedicadas a estos comercios ilícitos

 

Los “papeles de Panamá” y las sociedades offshore

LAS SOCIEDADES OFFSHORE ESTÁN EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EL IVA, EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES

Esta semana hemos conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pudieran derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como ‘papeles de Panamá’. Esta documentación revela el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales.

En principio, las diligencias se dirigen contra la actividad del bufete de abogados ante los indicios de que pudiera haberse dedicado a blanquear dinero, aunque se analizarán los documentos relacionados con diferentes personalidades españolas, cuyos nombres se han filtrado, para comprobar si pudieran haber cometido algún ilícito.

El despacho que está siendo investigado se dedica a la creación de sociedades “offshore”. Este tipo de sociedades son empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les llama también sociedades pantalla.

Estas compañías suelen estar controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad.

Las sociedades offshore están acogidas a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Sin duda, las más conocidas son las ventajas fiscales. Excepto una pequeña cuota de registro anual (que no suele superar los 300 euros) las sociedades offshore no sólo están exentas del impuesto sobre sociedades, sino también de otros tributos habituales en la mayoría de los países, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre actividades económicas o el pago de contribuciones sociales.

A menudo también son utilizadas por sus propietarios, para eludir y/o evadir el pago de los impuestos sobre personas físicas. Entre los más importantes podemos mencionar el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o, en ocasiones, incluso los impuestos sobre vehículos

De todas formas, tener constituida una sociedad en un Estado extranjero no es un delito ‘per se’, porque dicha sociedad podría estar perfectamente regularizada y ser transparente.

Los dos artículos más leídos en 2015 en el Blog de MPD: “La ley mordaza y la nueva regulación de delitos leves” y “La prescripción de los delitos fiscales

LEY MORDAZA, REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES, SUPUESTOS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL… SON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE MÁS INTERÉS SUSCITAN EN EL BLOG DE MPD1

A continuación les mostramos dos de los artículos más leídos en el Blog de MPD a lo largo del año pasado. En concreto uno de los post que más visitas recibió es el relativo a “Delitos leves: ¿Qué impacto causa el error legislativo en la reforma del Código Penal?”.  En este artículo, que puede leer al completo aquí, informábamos de las dos Leyes que entraron en vigor el 1 de julio de 2015  con importantes impactos en nuestra sociedad: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal y Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana, (también denominada “Ley Mordaza”).

Este leyes mencionadas causaron un gran rechazo social, por la afectación a derechos y libertades públicas, así como también a los propios derechos de los encausados, y en especial, a la finalidad resocializadora de las penas (artículo 25.2 de la Constitución Española). Por otro lado, esta nueva regulación del Código Penal también tiene una serie de impactos en favor de los encausados en un procedimiento penal. Con la nueva regulación, una serie de delitos que anteriormente a la entrada en vigor de la mencionada Ley Orgánica 1/2015 se consideraban como menos graves, ahora son considerados como delitos leves, con las consecuencias que ello lleva aparejadas.

Sin duda es un tema que ha seguido generando controversia a lo largo del año y sobre el que le volvemos a invitar a reflexionar.

Otro de los artículos que han generado más interés entre los lectores de nuestro blog es el que se refiere a: “La prescripción de los delitos fiscales”. En este post  apuntábamos cuándo se extingue la responsabilidad criminal según el artículo 130 del Código Penal. El texto analiza además el inicio del computo de prescripción del delito, la interrupción de la prescripción,  la evolución jurisprudencial en cuanto al cómputo y la prescripción de los delitos de carácter tributario, entre otros aspectos.

Otros temas que hemos tratado en el Blog y que están entre los más leídos son las medidas cautelares sobre las personas jurídicas en el marco del procedimiento penal o la responsabilidad penal del Compliance Officer en el seno de la empresa. Todos estos artículos y muchos más puede encontrarlos en el Blog de MPD, donde publicamos semanalmente novedades. Les invitamos a seguir informándose con nosotros.

El autoblanqueo y el delito fiscal

DELITOS ANTECEDENTES DEL DELITO DE BLANQUEO

La reciente Sentencia de 23 de julio de 2015 STS 23-07-2015 en la cual el Tribunal Supremo confirma la condena en instancia a los acusados por un delito de uso de información privilegiada en el mercado de valores (art. 285 del CP) y por un delito de (auto)blanqueo de los beneficios obtenidos con la inversión en bolsa. En este caso, el Tribunal entendió que “la conducta del recurrente, no se limita al mero aprovechamiento o disfrute de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva, sino en un acto plural de ocultación tanto de la procedencia del dinero como de la titularidad efectiva, en entidad bancaria extranjera, varias cuentas numeradas utilizadas y con sociedades panameñas interpuestas”.

Si esto lo trasladamos al delito fiscal,  se puede llegar a entender que la mera posesión de la cuota  tributaria defraudada  y tipificada como delito fiscal, no supone un autoblanqueo de capitales, pero sí sería subsumible si  se invierte en bienes de inversión o en cuentas cifradas en paraísos fiscales o en sociedades pantalla.

La prescripción de los delitos fiscales

NOVEDAD DEL MES DEL NEWSLETTER DE MARZO

En el artículo 130 del Código Penal se establece que:

La responsabilidad criminal se extingue:

 1.º Por la muerte del reo.

2.º Por el cumplimiento de la condena.

3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de este Código.

4.º Por el indulto.

5.º Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.(…)

6.º Por la prescripción del delito.

7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.”

 En cuanto a la prescripción de un delito, se distingue en función de las penas que conlleva cada uno. De esta forma el artículo 131 del Código penal establece que cuando la pena de prisión o inhabilitación sea de más de cinco años pero menos de diez, el delito prescribirá a los diez años; se extinguirá a los quince cuando la pena máxima señalada esté entre diez y quince años y finalmente llegaremos al máximo de 20 años en los que queda fijada la prescripción para delitos con pena de más de quince años. El resto de delitos prescriben a los cinco años, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año. Por último, las faltas prescriben en todo caso a los seis meses.

El artículo 132 del Código penal señala:

Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

(…)

La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.”

Inicio del computo de prescripción del delito

En concreto, respecto al delito de defraudación tributaria, el criterio que se ha consolidado en la jurisprudencia es que el delito se consuma en el momento en que expira el plazo de pago. Así,  podemos citar la STS 445/2010, de 13 de mayo. En ella se recuerda que el plazo de prescripción de los delitos contra la Hacienda pública es de cinco años y que el término de la prescripción empezará a correr desde que se haya cometido la infracción punible, añadiendo que el día a quo para iniciar el cómputo del tiempo necesario para la prescripción se corresponde con la consumación del delito, que se produce el último día del plazo voluntario para presentar la liquidación del impuesto. En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, las SSTS 520/2008, de 15 de julio, 146/2008, de 8 de abril, y 539/2003, de 30 de abril, que citan otras muchas. En la STS 774/2005, de 2 de junio , en la que la cuestión se analiza de forma detallada y reiterada, se afirma que “tanto si se formula declaración como si no, el delito se consuma en el momento en el que expira el plazo legal voluntario para realizar el pago. Antes no cabe hablar de consumación, pues el sujeto aún podría desistir voluntariamente verificando el pago a través de una declaración complementaria”.

Por tanto, es el último día del plazo voluntario para la presentación y pago de la declaración-liquidación, independientemente de que se haya presentado o no la autoliquidación. Este criterio de cómputo de la prescripción coincide con el existente en el ámbito administrativo tributario.

Interrupción de la prescripción

Más dispares han sido las posturas doctrinales en cuanto a la interrupción, así el art. 132.2 del Código Penal  establece que la prescripción se interrumpirá cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, a este respecto:

–  Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

– No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la  fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

Evolución jurisprudencial en cuanto al cómputo y prescripción de los delitos de carácter tributario

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 14-03-2003 y 28-11-2003 consideraba que la interrupción se producía desde el mismo día de interposición de la denuncia o querella si en ellas aparecen ya datos suficientes para identificar a los presuntos culpables del delito, entendiendo que desde ese momento ya se dirige el procedimiento contra el culpable a efectos de la interrupción de la prescripción, sin que sea necesario resolución judicial alguna de admisión a trámite. Además, la STS 28-11-2003 afirmaba que si se acogiera un punto de vista distinto se introduciría “una gran inseguridad pues cualquier querella o denuncia formuladas por el Ministerio Público o por una víctima de un hecho delictivo, dentro del plazo de prescripción establecido por el artículo 133 del Código Penal, podría considerarse prescrita en función de un hecho aleatorio, de imposible control por el Ministerio Público o los perjudicados, como el tiempo que se demoren las tareas de reparto interno de la querella o denuncia en relación con el número de órganos jurisdiccionales que existan en la localidad, y con la carga competencial que sufra el órgano jurisdiccional …”.

Pero el Tribunal Constitucional en su Sentencia 63/2005, de 14 de marzo, entiende que la interrupción penal no se produce con la simple interposición de la denuncia o querella, pues ello no basta para poder entender que el procedimiento penal se dirige contra el culpable. Entiende que es necesario que antes de que finalice el plazo de prescripción concurra un acto de intermediación judicial por el que aquella actuación de parte, que es una mera solicitud de iniciación del procedimiento penal, se entienda aceptada. Señala que los plazos de prescripción de los delitos y las penas son cuestión de orden público, por lo que no están a disposición de las partes acusadoras y no cabe admitir que la demora producida en la admisión a trámite de una denuncia o querella haya de surtir efectos desfavorables en la esfera de los derechos y garantías de aquellos contra los que se interpuso. La citada sentencia señala que “ello significa, ciertamente, que quien desee ejercer una acción penal no puede esperar hasta el último día del plazo de prescripción previsto para presentar la correspondiente querella o denuncia, pues tal entendimiento supondría tanto como dejar a los órganos judiciales sin plazo útil para decidir y, en consecuencia, que necesariamente hubieran de decretar la prescripción de los hechos delictivos en su caso denunciados. Se impone así, pues, un cierto deber de diligencia a las partes”.

En STC 147/2009[1]  señala que sin necesidad de entrar a dilucidar si el dies a quo en el cómputo del plazo de la prescripción penal, cuando se trata de delitos contra la hacienda pública es el día siguiente a la finalización de cada período mensual o trimestral de liquidación o el día siguiente a la finalización del último período de liquidación del año. Así las cosas, aún cuando la denuncia de la Administración tributaria -solicitud de iniciación del procedimiento como primer acto de interposición judicial -de iniciación del procedimiento- con virtualidad interruptiva -de conformidad con el artículo 132.2 CP- habría sido el Auto de incoación de diligencias previas, dictado casi tres meses después de haberse extinguido la responsabilidad criminal, de conformidad con lo previsto en el artículo 130.6 CP. Así las cosas, dicha interpretación judicial que considera no prescrita la responsabilidad criminal por el citado ejercicio con base en la idoneidad de la denuncia como acto interruptivo del cómputo del plazo de prescripción existente para exigir la correspondiente responsabilidad criminal derivada de un ilícito penal, es lesiva del derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, en cuanto que dicha interpretación abrió paso a la condena por un delito contra la hacienda pública por el citado ejercicio.

La reforma producida por la LO 5/ 2010, de 22 de junio, en la redacción del art. 132.2 CP, lleva a una solución ecléctica o intermedia, de tal forma que la interrupción de la prescripción se produce cuando el procedimiento se dirige contra persona determinada (auto de admisión a trámite).

No obstante se suspenderá el cómputo de la prescripción desde la presentación de la denuncia o querella contra persona determinada si dentro de los 6 meses se admite, por el Juez o Tribunal, a trámite la denuncia o querella, la interrupción de la prescripción se retrotrae a la fecha de la presentación de la denuncia o querella, pero si el Juez o Tribunal no la admite a trámite en el plazo de los 6 meses, la presentación de la denuncia o querella no tendrá efectos interruptivos (solo los tendrá el auto de admisión a trámite posterior).

Para el caso de que la Administración tributaria estime que la conducta del obligado tributario pudiera ser constitutiva de un delito previsto en el artículo 305 del Código Penal de 1995, o tenga conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, el artículo 32 del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, y modificado por Real Decreto 1804/2008 de 3 de noviembre, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 36/2006), establece que se abstendrá de continuar el procedimiento administrativo en curso que quedará suspendido, procediendo de la siguiente forma:

– Si la apreciación del posible delito se produce antes de formular la propuesta de liquidación, el funcionario, equipo o unidad remitirá las actuaciones practicadas y las diligencias correspondientes junto con un informe preceptivo sobre la presunta concurrencia de los elementos constitutivos del delito, al inspector-jefe del que dependa.

– Si la apreciación tiene lugar después de formular la propuesta de liquidación pero antes de practicarse ésta, será el órgano competente para dictar la liquidación quien deba impulsar el procedimiento, previa elaboración del preceptivo informe.

– Si la conducta presuntamente dolosa se aprecia una vez dictado el acto de liquidación durante la tramitación del procedimiento sancionador, el instructor de este procedimiento lo suspenderá remitiendo ambas actuaciones junto con el correspondiente informe al inspector-jefe. En este caso se suspenderá además la ejecución de la liquidación hasta que recaiga resolución judicial.

DELITO PENA PRISIÓN PENA ACCESORIA PRESCIPCIÓN
Delito fiscal defraudación de >120.000€ de cuota a la HP Española (art. 305 CP) De 1 a 5 años Multa del tanto al séxtuploPérdida subvenciones  ayudas y beneficios  públicos de 3 a 6 años 5 años
D.F. defraudación de >600.000€ de cuota o dentro grupo criminal o personas interpuestas  a la HP Española (art. 305 bis CP) De 2 a 6 años Multa del duplo al séxtuplo.Pérdida subvenciones, ayudas y beneficios públicos  de 4  a 8 años 10 años
DF defraudación de >50.000€ en subvenciones y ayudas UE o contra la Hacienda de UE (art. 306 CP) De 1 a 5 años Multa del tanto al séxtuplo. Pérdida subvenciones ayudas y beneficios públicos de 3 a 6 años 5 años
DF defraudación de <4.000€ y <50.000€ en subvenciones y ayudas UE o contra la Hacienda de UE (art. 306 CP) De 3 meses a 1 año Multa del tanto al triplo. Pérdida subvenciones,  ayudas y beneficios públicos de 6 meses a 2 años 5 años
Delito contra la SS defraudando < 50.000€ (art. 307 CP) De 1 a 5 años Multa del tanto al séxtuplo. Pérdida subvenciones ayudas y beneficios públicos de 3 a 6 años 5 años
Delito contra la SS defraudando >120.000€ o dentro grupo criminal o personas interpuestas  a la HP Española (art. 307 bis CP) De 2 a 6 años Multa del duplo al séxtuplo. Pérdida subvenciones  ayudas y beneficios públicos de 4  a 8 años 10 años
Delito c/ SS obtención de prestaciones mediante simulación u ocultación (art. 307 ter CP) De 6 meses a 3 años o multa de tanto al séxtuplo Pérdida subvenciones, ayudas y beneficios públicos de 3 a 6 a años 5 años
Obtención de subvenciones o ayudas del Estado de >120.000€, con falsedad , ocultación o desvío (art. 308 CP) De 1 a 5 años Multa de tanto al séxtuplo de su importe. Pérdida subvenciones, ayudas y beneficios de 3 a 6 a años 5 años

Una de las modificaciones introducidas en el Código Penal de 1995 por la Ley Orgánica 7/2012 es la posibilidad formular denuncia anticipadamente en determinados casos. Así dispone el artículo 305.2 del Código Penal de 1995 que cuando la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva (tramas), el delito será perseguible pudiéndose anticipar la remisión del expediente desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada (120.000 euros) sin esperar a la finalización del año natural.

Otra de las novedades introducidas por la Ley Orgánica 7/2012 en el Código Penal de 1995 se encuentra en el nuevo apartado 5 del artículo 305 del Código Penal de 1995, en virtud del cual la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Con esta reforma se trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posición que cualquier otro deudor tributario, y al tiempo se incrementa la eficacia de la actuación de control de la Administración. También se atiende una exigencia del ordenamiento comunitario, ya que las autoridades comunitarias venían reclamando a España una reforma de su sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la acción de cobro de las deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Unión Europea.

En consecuencia, por parte de la Administración tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

En conclusión, es evidente que el Estado no puede perseguir a sus ciudadanos a perpetuidad, ya que eso se opondría a un principio básico en nuestra Constitución: la seguridad jurídica, por ello, dada la lentitud de la justicia, suele prevalecer para los delitos económicos, la idea que en muchas ocasiones se libran de comparecer ante los Tribunales por el plazo de prescripción, por ello existen posturas que recalcan la necesidad de endurecer mucho más las penas y así ampliar el plazo de prescripción, pero ello chocaría claramente con el principio de proporcionalidad.

[1] “…es evidente que sólo puede interrumpirse en el ámbito penal cuando se realicen actuaciones (naturalmente, por quien tenga la competencia para ejercer el ius puniendi en dicho campo, quien en el actual estado de nuestra legislación únicamente puede ser el Juez) de las que pueda deducirse la voluntad de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito» [STC 29/2008, de 20 de febrero, FJ 12.b)].De lo expuesto se deduce con facilidad que ni es factible otorgar relevancia interruptiva del cómputo del plazo prescriptivo a las actuaciones administrativas dirigidas a la previa determinación de la responsabilidad tributaria, ni tampoco es posible otorgar tal eficacia al conocimiento por el culpable de su propia responsabilidad, pues la notitia criminis hace referencia, como no podía ser de otra manera, al conocimiento por parte del órgano judicial de la comisión de un ilícito para que pueda ejercer el ius puniendi del Estado y, por tanto, interrumpir el cómputo del plazo prescripción mediante la emanación de un acto de interposición; acto de interposición judicial que, si se produce una vez transcurrido el plazo previsto en la norma penal (en el supuesto de los delitos contra la hacienda pública, de cinco años), no evita la extinción de la responsabilidad criminal, con independencia de la mayor o menor dilación en su emisión posterior.

Perspectiva penal de la situación actual del mercado de carburantes en España

En el presente artículo analizamos el marco legal del mercado de hidrocarburos en nuestro país, así como la situación de crisis grave por la que atraviesa. Este mercado tiene serios problemas de competencia que explican en gran medida el mantenimiento de niveles de precios antes de impuestos superiores a los de la mayoría de países de nuestro entorno.

El informe elaborado por Francesc Jufresa, socio de MPD, hace un repaso por los delitos mediambientales, contra la Hacienda Pública y contra el patrimonio en relación al mercado de los hidrocarburos. También analiza los delitos de uso de información privilegiada y de atentado a la libre formación de precios en los mercados de valores y en determinadas transacciones.

Todos estos delitos se pueden aplicar también a las Personas Jurídicas. Su responsabilidad penal en el mercado de los carburantes lleva aparejadas penas graves, por lo que resulta indispensable establecer Modelos de Prevención de Delitos en las empresas como instrumento para evaluar el contenido real del mandato de vigilancia de sus representantes legales.

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