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La disolución de las personas jurídicas por responsabilidad penal

LA IMPOSICIÓN POR PARTE DE UN TRIBUNAL DEL CASTIGO DE DISOLUCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SUPONE LA PÉRDIDA DEFINITIVA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA SOCIEDAD

En relación a las penas que el artículo 33.7 del Código Penal establece para las personas jurídicas, la STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016 dispone que éstas deberán de aplicarse, con carácter general y entre otros aspectos, atendiendo a “Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores” (art. 66 bis 1ª b) CP).

Concretamente, pasaremos a analizar la pena más grave que el Código Penal ha previsto para las personas jurídicas: la disolución de la persona jurídica (art.33.7.b) CP). La imposición por parte de un Tribunal de dicho castigo supone la pérdida definitiva de su personalidad jurídica para la sociedad, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

En estos casos, la reciente jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo requiere para que un Juez pueda dictar la disolución por causas penales que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad legal (art. 66 bis b) “in fine” CP). Por ello, la STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016 concluye que “el hecho de que la estructura y cometido lícito de la persona jurídica fueren utilizados por la persona física integrante de la misma para cometer la infracción de la que es autora no significa obligadamente, así como tampoco la carencia absoluta de medidas de prevención del delito, que la misma deba de disolverse en los términos del art. 33.7 b) CP, sino que se requerirá, cuando menos, motivar adecuadamente el criterio de ponderación entre la relevancia diferente de su actividad legal y el delito cometido en su seno, en busca de una respuesta proporcionada tanto a la gravedad de su actuar culpable como a los intereses de terceros afectados y ajenos a cualquier clase de responsabilidad.”

En este caso, el Tribunal estimó que la falta de motivación que justifique la disolución de la empresa condenada penalmente por la comisión de un delito contra la salud pública excluye la aplicación de dicha medida. Para más inri, la empresa daba empleo a más de cien trabajadores que habrían de sufrir los graves perjuicios derivados de semejante castigo. Es por ello que en tales supuestos el Tribunal dispone que, en lugar de la disolución judicial, se podría considerar también la oportunidad de aplicar la pena de intervención judicial de la persona jurídica que, según el propio art. 33.7 g) CP, tiene como principal finalidad “…salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años”. 

Por otro lado, la Fiscalía, en su Circular 1/2016, recoge que junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil, existen otro tipo de sociedades estrictamente instrumentales o “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas, exclusivamente, para la comisión de hechos delictivos. El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no está realmente diseñado para ellas, especialmente la pena de disolución, por resultar insólito pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de las mismas, dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control y, por ende, de cultura de respeto o desafección hacia la norma, respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia.

Por consiguiente, la Fiscalía sostiene que la exclusiva sanción de las personas físicas que las dirigen colmará todo el reproche punitivo de la conducta, que podrá en su caso completarse con otros instrumentos como el decomiso o las medidas cautelares reales. Se entiende así que las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo. En este sentido, el TS plantea en su Sentencia 154/2016, de 29 de febrero de 2016 que el Código Penal debería incluir directamente su disolución por la vía del art. 129 CP, que contemplaba la aplicación de semejante “consecuencia accesoria” a aquellos entes que carecen de una verdadera personalidad jurídica en términos de licitud para desempeñarse en el tráfico jurídico o, en su caso, la mera declaración de su inexistencia como verdadera persona jurídica, con la ulterior comunicación al registro correspondiente para la anulación, o cancelación, de su asiento.

 


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